Las Venas Abiertas De Venezuela
Published by MAC on 2005-03-18Source: venezuelaanalysis.com
Las venas abiertas de Venezuela
Viernes 18 de marzo de 2005
Por Jeroen Kuiper - Venezuelanalysis.com
Las Claritas, Estado de Bolivar - Una fina capa de polvo rojizo cubre los coches oxidados a lo largo del camino de selva que lleva a Las Claritas, una ciudad minera que se expande en la Venezuela meridional. Es el tipo de ciudad que uno espera cuando piensa en minería de oro: sucia, caliente, anárquica. "Tenga cuidado de noche, hay muchos borrachos", advierten Manuel y José, dos mineros que me llevan en su viejo auto americano.
Las minas no están lejos. Sólo algunos kilómetros desde Las Claritas, a traves de Ciudad Dorada (donde viven muchos de los mineros). Detrás de un cartel enorme que publicita el apoyo del gobierno bolivariano a las cooperativas, aparece el primer tajo minero en la tierra. Una área de aproximadamente media milla cuadrada ha sido "cortada" para los mineros. En el fondo de la mina, a unos 15 metros de profundidad, la maquinaria raspa tierra mezclada con agua que es subida y trillada en cintas transportadoras. El oro, que es el material más pesado, se acumula en las cintas.
"Las cooperativas tiene apoyo del gobierno" dice Manuel. Hace unos veinte días vino de Caricuao, un barrio pobre de Caracas, para probar suerte en las minas de oro. Su compañero José ha estado aquí por más de veinte años. "Las cooperativas usualmente ocupan unos diez o quince hombres" me cuenta. "Cada cooperativa puede obtener financiamiento por unos 140 millones de Bolívares, para comprar maquinaria y otros equipos". Según José y Manuel, hay muchos mineros ilegales: estiman que al menos el 15 por ciento de la gente del lugar. "Vienen de Brasil, Colombia, Guyana, República Dominicana y hasta de Portugal. Pero sólo quienes tienen una cédula de identidad venezolana pueden participar en las cooperativas".
Las compañías mineras internacionales ganan bien
Además de las cooperativas legales, y los mineros individuales ilegales, hay una tercera categoría de mineros en Las Claritas: las grandes compañías, que tienen conseciones del gobierno. Las más poderosa de la región es la canadiense Crystallex. No es difícil identificar su territorio: una alta cerca lo rodea, y en la entrada principal de la mina, guardias con cascos y bastones anti motines mantienen lejos a las personas no desadas. "Sin fotos" dice áspero uno de ellos, incluso en terreno público. Está claro: estas compañías mineras están aquí por el dinero, y por nada más.
Otra de las compañías es la norteamericana Hecla, que es el mayor productor de oro de venezuela. Hecla tiene conseciones en El Callao y El Dorado, un poco más al norte en el Estado de Bolivar. La tercera compañía es Bolivar Gold, con sede central en Toronto, que posee conseciones también en El Callao. El mes pasado, la empresa anunció la primera extracción de oro del area Choco 10, la que se supone alberga reservas por 1,3 millones de onzas. Por último, está por supuesto la estatal CVG, que posee una división dedicada a la explotación de oro.
La presencia de compañías como Crystallex y Hecla es una cuestión muy polémica entre varias Ong y grupos indigenistas en Venezuela. La mayor controversia sobre sus actividades, se debe a que se desarrollan dentro de Imataca, una gran reserva forestal ubicada a lo largo de la frontera que disputan Guyana y Venezuela. Si bien no tiene el status de parque nacional, el área está bajo un régimen de administración especial. La Reserva Forestal de Imataca, que es rodeada por el delta del Orinoco en el norte, y por el área de Las Claritas en el sur, fue creada en 1963 y abarca 3.8 millones de hectáreas, que la hacen casi tan grande como Holanda. El área es rica en madera, oro, diamantes, cobre, bauxita, magnesio, agua, diversidad genética, y energía. Ya que Imataca tiene el status de reserva desde 1963, debió tener un Plan de Manejo desde entonces, pero hasta 1997 dicho plan nunca existió. Esto significa que toda actividad minera, antes de ese año, fue desarrollada sobre la base de la improvisación.
Las mayores reservas de oro de América latina
Si bien en los años ochenta se otorgaron unas doce conseciones mineras en Imataca, no hubo demasiada actividad por falta de infraestructura en la zona. Según estimaciones, Imataca posee reservas de madera por un valor de seis mil millones de dólares. El valor de las reservas de oro es aún mayor. Las minas de Las Brisas y Las Cristinas, al sur de la reserva, contienen reservas estimadas de 21 millones de onzas. Sólo la extracción de oro significarían unos ocho mil millones, dependiendo de las cotizaciones. La región de Imataca constituye, probablemente, el mayor depósito de oro de América Latina.
Caldera y el Decreto 1,850 de 1997
El ex-presidente de Venezuela, Rafael Caldera, firmó el Decreto 1,850 en 1997. Este Decreto autorizó la explotación maderera y minera en varias zonas de la Reserva de Imataca. Casi un 40 por ciento del total de la superficie era destinado a explotación. El Decreto fue ligado a un tratado entre Brasil y Venezuela, que determinó la construcción de una línea de alta tensión desde el lago Guri, con una central eléctrica en Las Claritas para proveer de energía a las minas en operación. Esta línea de alta tensión también fue resistida por organizaciones ambientalistas ya que atravezó el Parque Nacional Canaima.
De todas formas, el decreto 1,850 no pudo aplicarse completamente por la resistencia masiva de ONGs y grupos indígenas, que pidieron la nulidad del Decreto hasta tanto no se hagan estudios serios para identificar y evaluar sus consecuencias. Este pedido de nulidad fue aceptado, en su momento, por la Corte Suprema de Venezuela. Una moratoria de proyectos mineros fue ordenada un tiempo después.
El nuevo Decreto 3,110 de Chavez, en septiembre de 2004
Toda la cuestión comenzó de nuevo en septiembre del año pasado, cuando el gobierno de Chavez aprobó el Decreto número 3,110 que incluye un "Plan de Ordenamiento y Regulación del Uso de la Reserva Forestal de Imataca". El nuevo Decreto ratifica la política del gobierno de Caldera. El nuevo Plan de Manejo, establece que "Las conseciones mineras otorgadas antes de la promulgación del presente Decreto, localizadas en las zonas donde esta actividad es permitida, continuan vigentes."
En el nuevo Decreto, el 12 por ciento de la superficie de la Reserva es designado para explotaciones mineras, mientras que otro 60 por ciento para explotación maderera. En total, conforma un área de 2,7 millones de hectáreas. El gabinete de Chavez aprobó el Decreto el 7 de septiembre de 2004, unas semanas después del referendo revocatorio.
"El Decreto 3,110 es ilegal" según María Eugenia Bustamante de Amigransa (Amigos de la Gran Sabana). "La nulidad del antiguo Decreto 1,850 nunca se ha levantado". Lo que hace la cuestión más complicada: con la constitución de 1999 la Corte Suprema de Justicia, que emitió la moratoria sobre el Decreto 1,850, fue abolida y reemplazada por el Supremo Tribunal de Justicia.
Las ONGs como Amigransa están muy molestas con el Decreto porque aseguran que Chavez había prometido, durante la campaña electoral de 1999, no tocar la Reserva de Imataca: "nuestra tesis es que la explotación de los recursos naturales no puede ir en contra de la vida futura. Si tenemos que talar el bosque para obtener el oro, entonces me quedo con el bosque" aseguraba Chavez, según ellos, allá por 1997.
Venezuela terminará con sus bosques destruidos
Según Julio César Centeno, profesor de la Universidad de Los Andes, el nuevo Plan de manejo "satisface las aspiraciones de las compañías multinacionales del oro y la madera que han destruido los bosques de Venezuela durante los últimos 40 años". Según él, "ninguna de las empresas consecionarias que se enriquecieron sobre la base de los recursos naturales de todos los venezolanos, se ha quedado en el país. En lugar de eso, se fueron dejando tras de sí bosques destruidos, ríos afectados, agua contaminada, erosión, pobreza, y degradación social. Y todo esto fue permitido y alentado por el Ministerio de Medioambiente y otras autoridades gubernamentales".
Centeno agrega que en algunos casos se utiliza cianuro y mercurio para la extracción de oro, dos sustancias altamente tóxicas que causan enormes daños a la salud de los pobladores, y que fácilmente pueden contaminar ríos enteros. Según Centeno, los costos ambientales superan por mucho el beneficio económico. "Los principales beneficiarios serán las compañías multinacionales. En el caso de la minería, las compañías extranjeras pagarán sólo hasta un 5 por ciento de sus ganancias a Venezuela, mientras que en la industria del petróleo se paga por lo menos un 30 por ciento".
Los pueblos indígenas de la región están en contra de la minería
La Reserva de Imataca alberga unos 19 grupos indígenas. Su opinión sobre las actividades de explotación en su hábitat parece estar dividida, aunque la mayoría (en la actualidad) está en contra de la actividad minera.
"Es una cuestión muy delicada" comenta Italo Pizarro, un líder Pémon que viene de la zona de San Rafael de Kaimoran, pero pasa la mitad de su tiempo en la oficina de la Federación Indígena del estado de Bolívar (FIB). "La minería provoca confrontaciones entre los criollos e indígenas de la zona. Uno de los mayores problemas es la contaminación del agua. Nosotros lavamos en el río, cocinamos con su agua, la bebemos. Pero está cada vez más contaminada por los mineros ilegales".
Según Pizarro, elegido presidente de la FIB hace un mes, las comunidades indígenas de Imataca fueron consultadas durante la fase de planeamiento del Decreto 3,110. "Pero no significó demasiado. Fue más bien un acercamiento en un sólo sentido: fuimos informados sobre lo que el gobierno planificó, en lugar de que el gobierno escuche lo que teníamos para decir". Aunque Pizarro sabe que hay mucho oro bajo la superficie del Estado de Bolivar, esto no lo impresiona. "¿Para qué lo necesitamos? Nuestros espacios de de caza y pezca son destruidos. Para mi, la minería es insustentable por definición, no importa lo que otros vengan a decir. ¿Y dónde van las ganancias? Algunas compañías madereras dijeron que invertirían el 10 por ciento de sus ganancias en salud y educación para nuestras comunidades, pero hasta ahora no hemos visto nada".