Declaración Política Frente a la Inversion de las Multinacionales en Colombia y Contr

Declaración Política Frente a la Inversion de las Multinacionales en Colombia y Contra el Cierre de Minercol

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Bogotá, febrero 24 de 2004

Los ciudadanos y ciudadanas del mundo abajo firmantes, informados por los trabajadores afiliados a Sintraminercol-FUNTRAENERGETICA-C.U.T., de los resultados de la investigación denominada LA GRAN MINERIA EN COLOMBIA: LAS GANANCIAS DEL EXTERMINIO, y de la decisión del Presidente Álvaro Uribe Vélez, de liquidar la Empresa
Estatal Minera de Colombia, Minercol Ltda., mediante el decreto 254 de Enero 28 de 2004,
declaramos públicamente:

1. La afirmación del Gobierno colombiano "...Minercol es una empresa industrial y comercial del Estado inviable, ineficiente y cada vez más dependiente del presupuesto nacional", no corresponde a la verdad. Esta obedece al cumplimiento de los mandatos de la banca mundial y del FMI como quedó demostrado en una reunión de varios sindicatos hace tres meses con el Ministro de Minas y Energía en la que éste funcionario expresó que la liquidación era una decisión política y que reconocía la recuperación económica de la empresa.

2. Repudiamos la violación a los derechos humanos que ocurre en departamentos de gran riqueza minera y petrolera, entre ellos Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Cesar, Arauca y Putumayo, donde el capital de las multinacionales ha incrementado el conflicto social y armado mediante operativos realizados por agentes estatales y/o por grupos paramilitares, lo cual se expresa en 6.626 homicidios y 433 masacres en 8 años y promedios anuales de 142 desapariciones forzadas, 117 heridos, 71 torturados, 355 amenazados de muerte, 150 detenciones arbitrarias, ocurridos desde 1995 al 2002 [1] en municipios mineros; el desplazamiento forzado de estos municipios corresponde al 68% [2] del desplazamiento nacional; el asesinato de los dirigentes sindicales del sector minero-energético equivale al 42% de los asesinatos de sindicalistas en el país y las detenciones arbitrarias en el actual gobierno se incrementaron aproximadamente en 1.500% durante el último año.

2. Reiteramos nuestra preocupación por los mandatos contenidos en el Plan Nacional de desarrollo colombiano, en particular los que vulneran la soberanía nacional y pretenden entregar totalmente a las multinacionales la exploración, explotación y administración de los recursos minerales, energéticos y públicos.

3. En la liquidación de Minercol, como ha sucedido con otras empresas estatales existen procedimientos comunes: Violación a los derechos de negociación colectiva, sindicalización y protesta, amenaza militar-paramilitar, ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, amenazas y atentados contra el movimiento sindical.

4. La política de privatizaciones impulsada por el presidente ALVARO URIBE VELEZ enmarcada en la política de Seguridad Democrática se dirige al desmonte del Estado Social de derecho y genera más miseria y destrucción en un país que clama porque el conflicto social y armado tenga salidas humanitarias y propuestas concretas de inversión social y bienestar para todos y todas las colombianas.

5. Además de la entrega de los recursos mineros a los capitales trasnacionales, la liquidación de Minercol, es una retaliación a SINTRAMINERCOL, por haber hecho uso del derecho a la oposición política, el derecho a disentir de las políticas del gobierno, a pensar diferente y a desenmascarar los graves crímenes que se esconden tras la entrega de los recursos minerales (Oro, Plata, Platino, Níquel, Esmeraldas, Carbón, entre otros) pero ante todo, es una represalia por formular propuestas de desarrollo minero y medioambiental contrarios a la entrega de la soberanía Nacional.

6. Teniendo en cuenta que la investigación GRAN MINERIA EN COLOMBIA: LAS GANANCIAS DEL EXTERMINIO es un estudio riguroso, sustentado en documentos oficiales, testimonios directos de las víctimas y hechos cotidianos que afronta la población minera, apoyamos sus conclusiones en relación con la responsabilidad que le compete al gobierno colombiano y a las Multinacionales Mineras en el deterioro de las condiciones de vida y en la negación de derechos fundamentales de los trabajadores del sector minero y de las poblaciones que se encuentran ubicadas en zonas de amplia riqueza natural.

En consecuencia solicitamos:

Al gobierno de Álvaro Uribe Vélez:

Parar inmediatamente la liquidación de Minercol Ltda.

Proteger la vida, integridad, libertad y derechos sindicales de los sindicalistas del sector minero, petrolero y energético

Cesar la represión que bajo la justificación de lucha antiterrorista se viene aplicando contra líderes de organizaciones campesinas, negras, indígenas, sindicalistas, defensores de derechos humanos, en zonas de riqueza minera, energética y donde hay pretensiones de privatizar la educación la salud y los servicios públicos.

Adelantar investigaciones exhaustivas en los casos de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos contra pequeños y medianos mineros que conduzcan a sancionar ejemplarmente a los responsables materiales e intelectuales y cuyos resultados sean de público conocimiento.

Reclamamos respeto al derecho de asociación, libertad sindical y negociación colectiva así como el cumplimiento a los pactos y convenios internacionales entre los cuales se encuentran los convenios con la OIT firmados y ratificados por el Estado Colombiano.

Al Congreso de Colombia:

No aprobar la Ley de Alternatividad Penal que pretende cubrir con el manto de la impunidad los graves crímenes cometidos por los grupos paramilitares contra el pueblo colombiano.

A la Comunidad Internacional:

Exhortar a los gobiernos de Canadá, Gran Bretaña, Suiza, Estados Unidos para que levanten la reserva de las cuentas bancarias de los altos funcionarios públicos colombianos que han firmado los contratos mineros y petroleros con las empresas multinacionales.

Solicitar a los Gobiernos y a los Parlamentos de los países desarrollados, una estricta vigilancia de las actividades de sus compañías multinacionales en el territorio Colombiano.

Llamamos al Parlamento Europeo para que conforme una comisión que investigue el uso y el destino de la ayuda militar de Gran Bretaña y España, pues se tienen serios indicios que ella ha sido dirigida a zonas donde compañías de esos países, desarrollan proyectos minero-energéticos o las van a desarrollar, produciendo gravísimas violaciones a los derechos humanos.

Al Congreso de los Estados Unidos a que investigue las actividades de las agencias de su gobierno, de sus multinacionales, de mercenarios de nacionalidad estadounidense, el destino de los dineros y la ayuda militar del Plan Colombia, que han sido utilizados para violar gravemente los derechos humanos de poblaciones mineras y petroleras.

A los organismos internacionales:

A la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos en Colombia y al secretario general de la ONU Koffi Annan, a que conformen una comisión integrada por delegados internacionales, ONGs y sindicatos Colombianos, que investiguen de manera exhaustiva los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, cometidos en zonas mineras y petroleras, cuyos resultados sean públicos y a realizar acciones de justicia y reparación a las víctimas y a la sociedad.

Llamamos a los fondos de inversión con responsabilidad social, a que condicionen la participación de las compañías mineras y petroleras en Colombia, al estricto respeto a los derechos humanos, económicos y sociales de los pobladores, o en caso contrario a que retiren sus fondos de empresas que sean señaladas como responsables de violaciones a los derechos humanos.

Por último y en aras de contribuir a crear condiciones que disminuyan las tensiones y la polarización que producen la guerra y la crisis social en Colombia, hacemos un llamado al gobierno Nacional a diseñar y ejecutar una política de recuperación de las empresas estatales como elemento de desarrollo económico del país y como muestra de buena voluntad ante los clamores de la comunidad nacional e internacional, de la imperiosa necesidad del respeto a los derechos humanos del pueblo colombiano; y en consecuencia, a revocar el Decreto 254 del 28 de Enero de 2004 y la resolución No. 180073 expedida el 27 de Enero de 2004 que ordenan la liquidación de Minercol.

Bogotá, febrero 24 de 2004

Firmas