Polémica por posible traslado de una planta atómica a San Rafael

Polémica por posible traslado de una planta atómica a San Rafael

Por Walter Aquindo, Diario de Los Andes (Mendoza, Argentina)

Los Andes newspaper

Martes 20 de julio 2004

Hace exactamente una década, los vecinos de Alta Córdoba comenzaron a preocuparse por el fuerte olor a amoníaco que salía de la central de tratamiento de uranio que funciona en el corazón de ese tradicional barrio cordobés. Desde entonces, hubo infinitas promesas de traslado de esa planta atómica que todavía sigue funcionando en Rodríguez Peña 3250, y ahora se debate si el nuevo destino para la fábrica de la firma Dioxitek será San Rafael.

En Mendoza se abrió una fuerte polémica porque sería inminente la firma de un decreto presidencial para la reactivación de la mina de uranio de Sierra Pintada, y la decisión incluiría también el traslado a San Rafael de la planta atómica de Córdoba.

En ese sentido, el intendente sanrafaelino Omar Félix ayer se reunió con líderes departamentales de otros partidos políticos. Todos concluyeron que necesitan un estudio serio de un organismo independiente, para después encarar un plebiscito popular, y que así la gente dé su opinión sobre el tema. Félix también viajaría a Buenos Aires (ver aparte).

En tanto que en Córdoba la noticia produjo una enorme preocupación en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ya que en la planta de Dioxitek -se trata de una empresa que pertenece a la Nación- se desempeñan 68 empleados.

No obstante, de lo informado por la empresa Dioxitek surge que el traslado no está decidido todavía y que, de resolverse, no sería inminente. Gustavo Navarro, vicepresidente de la firma, recalcó que la prioridad del Estado nacional es la reactivación de la mina de Sierra Pintada para la sustitución de las actuales importaciones de uranio, pero que el traslado de la planta de Córdoba es apenas una posibilidad.

La versión de la empresa

"Se presentaron en San Rafael los estudios de impacto ambiental para un posible traslado de la fábrica de Córdoba, pero no hubo más avances", explicó Navarro, quien recalcó que Dioxitek deberá retirar tarde o temprano su planta de la capital cordobesa, pero que tiene un amplio plazo para hacerlo: tres años desde el momento en que consiga la autorización para radicarse en otro lugar.

"Por el momento, la empresa avanza en el proyecto de reactivar la mina de uranio de Sierra Pintada. La posibilidad de trasladar a ese mismo destino la planta de procesamiento de uranio de Córdoba está en análisis; se presentaron los estudios de factibilidad, pero no es una decisión tomada", insistió el directivo.

Navarro destacó: "Lo que está claro es que Dioxitek debe irse de Alta Córdoba: la Municipalidad nos reclama eso desde hace años y también hay una ordenanza que le pone plazo al funcionamiento de la planta. Lo que es impensable es dejar de producir: en medio de esta crisis energética mantener las centrales nucleares es prioritario".

De más está decir que en el medio, el Estado nacional debería concretar la inversión millonaria que supone levantar la planta de Córdoba y construir nuevas instalaciones en Mendoza. Desde la sede porteña de Dioxitek se indicó que la resolución final sobre el tema será anunciada el martes próximo.

En la planta de Alta Córdoba se fabrica dióxido de uranio, material que se usa como combustible en las plantas atómicas de Embalse y Atucha. "En medio de la crisis energética que sufre el país, lo que puede descartarse es cualquier medida que ponga en riesgo la producción de dióxido de uranio", indicó Navarro.

En el pasado, especialmente durante la gestión del ex intendente Rubén Martí, fue la municipalidad de Córdoba la que exigió con insistencia el cierre de la planta atómica de Alta Córdoba. Las cosas parecen distintas en la actualidad: Sergio Miglietta, director general de Ambiente de la ciudad, explicó que hasta el momento la gestión de Luis Juez no tuvo tiempo de analizar este tema. La Voz del Interior

El decreto que firmaría Kirchner

Hasta ayer, el presidente Néstor Kirchner no había firmado el decreto correspondiente para el traslado de la planta Dioxitek, que actualmente se encuentra en la provincia de Córdoba, al departamento de San Rafael.

Sin embargo, según fuentes de la Casa Rosada, los funcionarios nacionales que manejan el tema son muy cautos con respecto a la información que pueda publicarse, porque quieren evitar "un nuevo Esquel".

Por otro lado, desde la Comisión Nacional de Energía Atómica sólo se anunció que el 27 de julio, el organismo nacional junto a funcionarios del Ministerio de Economía de la provincia darán a conocer el informe de impacto ambiente. No se informó sobre la posible firma del decreto.

Los primeros días de julio, la CNEA presentó al gobierno nacional el estudio de impacto ambiental realizado por la Universidad Tecnológica de Avellaneda. De allí surge la posibilidad de que la reactivación del Complejo de Sierra Pintada incluya el traslado al departamento sureño de la planta Dioxitek, para purificar uranio y obtener dióxido de uranio.

En ese sentido se supo que el intendente de San Rafael, Omar Félix, viajará hoy a Buenos Aires para realizar averiguaciones en la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Reunión para analizar un posible plebiscito

San Rafael. Omar Félix tuvo su primera reunión con los partidos políticos desde que asumió la intendencia de San Rafael. Junto al jefe comunal se sentaron los titulares comunales del PJ, la UCR y el PD. El tema publicado por Los Andes sobre la casi inminente reapertura del complejo Sierra Pintada -para extraer uranio- fue el principal. Todos coincidieron en que se necesita un estudio serio y de una entidad independiente, para después apoyar un plebiscito popular.

"Es una decisión que no puede tomar sólo el intendente o las autoridades del departamento. Aquí debe involucrarse y opinar la comunidad", dijo el jefe comunal sureño.

Quedó como conclusión en esta mesa política que primero hay que informar y despejar todas las dudas a la población. Solicitarán al gobierno provincial (Félix lo hará hoy cuando, con el resto de los intendentes justicialistas, se junte con Cobos) que contrate una consultora, organismo científico o entidad profesional -no ligada ni a la Comisión Nacional de Energía Atómica ni al Estado- para realizar los estudios ambientales. "Éstos deben ser imparciales y serios, para determinar el verdadero impacto del complejo. Luego, una vez recabada toda la información, hay que consultar a la gente", expresó .

Los dirigentes políticos apoyaron lo dicho por el intendente. Pero también emitieron su punto de vista. "Hay divergencias, opiniones a favor y en contra, pero creemos que lo primero es informar a nuestros vecinos y hacerlo de manera imparcial", expresó Cesar Miras, titular de la UCR.

Para Mario Casteller, presidente del PD en el departamento, "se deben tener elementos claros, valederos y técnicamente comprobados por entidades serias e independientes, para saber si el complejo produce o no contaminación ambiental".

Casteller, que además es senador, dijo que se agilizará en la Cámara la derogación de la ley 5.330 (tiene media sanción de Diputados), que le dio marco legal al convenio entre la CNEA y Mendoza. Si eso ocurriera obligarían a la entidad nacional a realizar un nuevo acuerdo, según las normas vigentes, incluida la ley de impacto ambiental.

También se conoció que el Concejo Deliberante de San Rafael sancionó en 1996 la Ordenanza 5.382, que "prohíbe el emplazamiento de instalaciones nucleares no medicinales, localización, emplazamiento y/o almacenamiento de plantas de tratamiento o repositorios para residuos nucleares".

En el 2002, se aprobó la Ordenanza 6.909, por la cual se citaba a una reunión entre las autoridades de la CNEA, el Ministerio de Medio Ambiente, el intendente de San Rafael y los ediles, para obtener la información actualizada sobre los depósitos de residuos peligrosos. Pero nunca se cumplió.