Guatemala: New Police-Military Incursion in San Juan Sacatepéquez - Nueva incursión policíaco-militar en San Juan Sacatepéquez
Published by MAC on 2008-07-01New Police-Military Incursion in San Juan Sacatepéquez
Guatemala
23rd June 2008
By Committee of Campesino Unity (CUC)
Member of Waquib' Kej, CNOC, CLOC and Via Campesina
Today a heavy military deployment of tanks, three thousand soldiers and police officers occupied the community of Las Trojes in the municipality of San Juan Sacatepéquez, Guatemala. Authorities have announced a list of twenty-five persons that they are trying to capture, and are carrying out search raids on houses in nearby villages. However, upon not finding the twenty-five wanted persons, the police instead arrested forty-three villagers, among them community authorities of Las Trojes.
The military raids took place after community members halted machinery of the mining company Cementos Progreso SA on Saturday June 21 around 6:30am, as it was approaching the area of the mine. This is the third time that military and police armed forces have violently attacked the communities of San Juan Sacatepéquez to repress the protests against the mining operations in the municipality. The last incursion took place on March 28th. The company, Cementos Progreso, owned by the Novella family, is using force to carry out their mining project, despite the fact that the population of San Juan Sacatepéquez has repeatedly demonstrated their rejection of the project. In May 2007, a community consultation was carried out in the twelve communities of the area affected by the project: The result was a total rejection of the mining operation, with 8936 voting against and only four votes in favor.
The villagers are exercising their rights as citizens. The community consultations were carried out under the Convention 169. However, the government of Álvaro Colom, instead of guaranteeing the application of the law, acted in favor of the company in a violent manner. The President decreed a "State of Prevention," limiting the rights of citizens and carrying out repression. The Committee of Campesino Unity expresses its solidarity with the campesinos of San Juan Sacatepéquez and energetically condemns the criminalization of the social protests and the militarization of the municipality.
PRESS RELEASE REGARDING THE MILITARIZATION OF SAN JUAN SACATEPEQUEZ
By INDIGENOUS, CAMPESINO AND UNION AND LABOR ORGANIZATIONS (UNSITRAGUA, FNL, SNTSG, CNOC, CUC, FESTRA)
23rd June, 2008
http://www.cuc.org.gt/comunicado_25.html
To the people of Guatemala and the international community, we declare our total rejection to the practices of militarization and repression as the response of the state in the face of social problems. The actions of the current government makes us remember the terrible times previous, such as the actions carried out by the government of Carlos Manuel Arana Osorio and other governments afterwards. All have implemented the suspension of the constitutional rights as one of their principal weapons to confront popular unrest. History, if it is not acknowledged, repeats itself.
The people of San Juan Sacatepéquez are fighting, with dignity, in defense of their land and the integrity of their territory. They are accompanied by truth and the law. The Novella Family company is threatening to turn their gardens into a desert. In the face of popular clamor, absolutely nothing will be resolved through military intervention. The social problems which are growing throughout the country require answers of another nature. The precedent which the government is establishing, militarizing the areas of conflict through suspension of constitutional rights and sending in their dogs of war, is unacceptable.
The past should not return, nor should impunity be allowed to exist under the blankets which cover all types of attacks against the rights and highest interests of the people. The social movements are not terrorists. On the contrary, it is the very State that is seeding terror, through defending the interests of the Novella Family.
That is why it is urgent that there be mediation, carried out by actors such as the Catholic Church, which could help facilitate a conciliatory and respectful arbitration between the parties. Intelligence and reason should be placed above the use of brute force. We urge the State to immediately withdraw its troops and also immediately, stop the State of Prevention.
With more repression, we will better organize!
Presidente de Guatemala recurre a estado de excepción por conflicto social
24 de junio, 2008
GUATEMALA (AFP) - El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, decretó por segunda vez en cinco meses el estado de excepción en un poblado cuyos sectores sociales se encuentran enfrentados en torno a la instalación de una cementera. Colom anunció la medida ante los constantes disturbios, la muerte de una persona, la detención ilegal por parte de la policía y el intento de volar con explosivos un puente que une al municipio de San Juan Sacatepéquez (oeste) con la capital.
El fin de semana los opositores a la cementera, con pasamontañas y armas de fuego, instalaron varios bloqueos en la carretera. Las fuerzas de seguridad no pudieron levantarlos. Buscaban evitar una tragedia pues también hay pobladores armados que apoyan a la cementera.
Durante la jornada de protesta murió una persona en circunstancias aún no esclarecidas. Se desconoce si apoyaba o rechazaba la construcción de la cementera de capital guatemalteco, Cementos Progreso .
Tras la decisión, que se aplicará durante 15 días, queda prohibido portar armas de fuego y realizar manifestaciones y reuniones públicas.
Unos 1.000 policías y militares ingresaron este lunes a la comunidad Las Trojes para retomar el control de la situación. En el opertaivo detuvieron a 45 personas entre los que figuran seis alcaldes auxiliares. Todos sospechados de haber participado en disturbios.
El vocero del ministerio de Gobernación (Interior), Ricardo Gatica, dijo a la AFP que las detenciones se produjeron sin enfrentamientos con los pobladores. Explicó que los operativos para detener a los presuntos agitadores continuarán en los próximos días.
Desde su asunción como presidente de Guatemala es la segunda vez que Colom recurre a esta medida. El pasado 7 de mayo había decretado el estado de prevención para poner fin a una huelga de tres días de choferes del transporte pesado, cuyas pérdidas económicas superaron los 1.000 millones de dólares.
La nueva medida ha dividido las opiniones entre los sectores sociales. Hay quienes la consideran represiva y que limita las garantías constitucionales, mientras que otros la apoyan encontrando en ella la posible solución a un conflicto que lleva más de un año. "Este es un conflicto social que ha sido mal manejado y no es con (el) estado de excepción, que vulnera las garantías constitucionales, como se va a resolver, sin antes agotar otras vías, como el diálogo", dijo a la AFP la analista de la Fundación Mirna Mack, Carmen Aída Ibarra.
Entre tanto, el director del ambientalista Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), Yuri Melini, afirmó a la AFP que apoyan la decisión "porque existe un clima de ingobernabilidad y nadie tiene que actuar por encima de la ley". Sin embargo, reconoció que el problema se ha intensificado por la poca información que ha difundido la planta cementera sobre el impacto ambiental que podría provocar. Los pobladores que se oponen, unas 10 comunidades, argumentan que la cementera terminará con los mantos de agua que surten a la población y provocará daños a la naturaleza como la deforestación.
RESPUESTA A LAS MANIFESTACIONES POPULARES
Guatemala 23 de junio del 2008
El 31 de mayo del año en curso, se realizó una marcha en San Juan Sacatepéquez organizada por las 10 comunidades que están en desacuerdo con la construcción de una fábrica cementera, porpiedad de Cementos Progreso, en la finca Santa Fe Ocaña en medio de las comunidades. A dicha marcha asistieron alrededor de 10,000 personas que entregaron un memorial patentando que no son una minoría los que se oponen a la misma, como se está haciendo creer desde la presidencia de la república de Guatemala, los medios de comunicación y la empresa Cemento Progreso.
Ignorando completamente la manifestación campesina una semana más tarde se reunió el consejo municipal de San Juan Sacatepéquez, encabezado por la alcaldeza Marta Sicán de Coronado así como el representane del Gobierno Luis Velásquez.
Según declararon en esa oportunidad la municipalidad y el gobierno habían logrado convencer a 7 de las 12 comunidades con respecto al proyecto, lo cual es completamente falso tomando en cuenta que las comunidades nunca cambiaron su posición.
El día sabado 21 de junio, ingnorando la postura comunitaria sobre la no construcción de la fábrica cementera en el centro de las 10 comunidades y sin ningún tipo de diálogo entre las partes involucradas, la empresa Cementos Progreso, procedió a ingresar la maquinaria que utilizarán para la explotación de la finca de Santa Fe Ocaña. Frente a esta clara provocación los vecinos de las comunidades se reunieron para impedir el ingreso de las máquinas. Desde este momento se creó un clima de tensión en las comunidades. La alcaldeza se comprometió a mediar el conflicto. Una hora más tarde dijo que no podía llegar. Así se presentaron tres consejales de la municipalidad para firmar un acta en la que se comprometían a realizar una reunión el día 23 de junio a las 10 de la mañana en la comunidad Santa Fé Ocaña, en la que la alcaldeza estaría presente. La reunión con los consejales municipales terminó con una cena y a las 8.00 de la noche se despidieron y se fueron tranquilamente.
En la noche del sábado al domingo se dio la muerte de Francisco Tepeu Pirir de forma aún no esclarecida. Pero lo que sí se sabe es que él es una de las siete personas, autodeterminados líderes (que la gente desconoce), que firmaron el convenio con Cementos Progreso y el gobierno.
De acuerdo a informaciones de los líderes (portavoces de las comunidades) este sábado no hubo un secuestro como tratan de hacer creer los medios de comunicación parciales.
El día domingo 22 no ocurrió ningún hecho caótico dentro de las comunidades. Sólo la presencia de policía y militares custodiando la finca antes mencionada.
El domingo a las 9.00 de la noche en cadena nacional el presidente Colom declaró el estado de prevención con el que se eliminan los derechos fundamentales, mintiendo abiertamente a la población al afirmar: "no podemos permitir que la mayoría del pueblo trabajador de San Juan Sacatepéquez, al cual conozco muy bien, sea manipulado por una pequeña minoría".
Él habla de una minoría que se opone al proyecto y da a entender entonces que las 10,000 personas que se han manifestado en contra de este proyecto son unas marionetas.
Cuando los que realmente manipulan a la población son los de Cementos Progreso. Por ejemplo llevando gente a visitar la fabrica San Miguel en Sanarate el Progreso, cuando no está funcionando y quieren engañarlas haciendolas creer que no causa ningún tipo de daño ni al ambiente ni a las personas. Además se han dedicado a regalar un saco de cemento y árboles a cambio de una firma, que ellos han querido hacer pasar como las consultas comunitarias.
¿Si el presidente conoce muy bien a la gente de San Juan Sacatepéquez, por qué no salió a atenderlos el día 15 de abril, cuando llegaron en un número de 3,000 a la casa presidencial, para entregar el memorial donde planteaban sus demandas?
El día de hoy, 23 de junio, a las 11.00 de la mañana, la alcaldeza canceló la reunión con los líderes comunitarios argumentando que: "lo que está firmado está en decreto y ley y no se puede hacer nada". Al mismo tiempo un contingente combinado de la policía y el ejército ingresaron a la aldea Las Trojes con la intención de capturar a por lo menos 25 personas. De acuerdo a un testigo presencial son al rededor de 3,000 elementos los que realizan los operativos de búsqueda y represión.
Acusamos a la prensa y al gobierno de ser cómplices de esta injusticia. La prensa por encubrir a los hechores de este conflicto, en este caso Cementos Progreso, pues en ninguno de sus artículos se atreven a mencionarlos directamente como la cementera beneficiada, se limitan a decir "una cementera". De dar mala información, mentiras con lo cual manipulan a toda la población y al mismo tiempo criminalizan a la lucha de las comunidades acusandolos de terroristas.
Acusamos al gobierno por no atender las demandas planteadas por las comunidades, por no respetar los procesos democráticos, en este caso las consultas efectuadas por las mismas. Por hacer creer que todo el municipio de San Juan Sacatepéquez será beneficiado, cuando la realidad indica que el único gran beneficiado es Cementos Progreso y las Compañias que trabajarán con ellos. Es obvia la postura del gobierno en apoyar este proyecto cementero, pues instaurar un estado de prevención por la muerte de una persona y exagerar sobre los hechos, cuando cada día en todo el país mueren alrededor de 17 personas en forma violenta.
¡Hacemos el llamado a solidaridarse con la lucha digna y justa de las comunidades de San Juan Sacatepéques, a boicotear a Cementos Progreso y a denunciar la represión que seguimos sufriendo los pueblos guatemaltécos, los días 26 y 30 de junio!
Para expresar la indignación en cuanto a los hechos represivos en contra de los compañeros en resistencia y en cuanto a los planes de la cementera, diríjanse a las siguientes direcciones:
Cementos Progreso S.A.
Diagonal 6, 10-01
Zona 10
Centro Gerencial Las Margaritas,
Torre II, Nivel 19
Ciudad de Guatemala
Guatemala
Tel.: (00502) 23389100
Fax: (00502) 23389110
info at cempro.com
HOLCIM AG
Hagenholzstrasse 83
8050 Zuerich, Suiza
Tel.: (0041) 588506-642
(0041) 588506-848
Fax: (0041) 588506216
(0041) 588506833
www.holcim.ch
Ing. Alvaro Colom
Presidente de la República
Casa Presidencial
6ª Avenida 4-19 Zona 1
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Embajada de Suiza
Edificio Torre Internacional/ 16 Calle, 0-55Zona 10
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Dirección Postal: Embajada de Suiza
Apartado 1426, 01901/ Ciudad de Guatemala, Guatemala
Tel.: (00502) 23675520
Fax: (00502) 23675811
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LOS Y LAS CAMPESINOS EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA!
¡NO A LA MINERÍA Y A LOS DESPOJOS! ¡SÍ A LA VIDA!
NUEVA INCURSIÓN POLICIÁCO-MILITAR EN SAN JUAN SACATEPÉQUEZ
Guatemala, 23 de junio 2008
COMITÉ DE UNIDAD CAMPESINA, CUC
MIEMBRO DE WAQIB' KEJ, CNOC, CLOC Y LA VIA CAMPESINA
Hoy, con un fuerte despliegue de tanquetas, tres mil policías y soldados han ocupado militarmente la comunidad Las Trojes del municipio San Juan Sacatepéquez, Guatemala. Han anunciado que tienen un listado de 25 personas a las que quieren capturar, por lo que intentan allanar las casas de los aldeanos. Sin embargo, al no encontrar las 25 personas buscadas, los policías y soldados han capturado a 43 aldeanos, entre ellos las autoridades comunitarias de Las Trojes.
La incursión se da luego de que los aldeanos detuvieron una máquina de la empresa Cementos Progreso el sábado pasado alrededor de las 6:30 AM, cuando ésta entraba al área de la mina. Han pedido la intervención de la alcaldesa Marta Sicán de Coronado para mediar entre las partes, pero a pesar de repetidas solicitudes al respecto, la petición fue negada. Es la tercera vez que las fuerzas armadas y policiales irrumpen violentamente en las comunidades de San Juan Sacatepéquez para reprimir las protestas a las obras mineras en el municipio, la última incursión siendo la que se dio el 28 de marzo del presente.
La empresa Cementos Progreso de la familia Novella intenta implementar el proyecto minero a la fuerza, a pesar de que la población de San Juan Sacatepéquez ha manifestado en varias ocasiones su rechazo. En mayo 2007 se realizó una consulta comunitaria en las 12 comunidades que están en el área minera del municipio. El resultado fue un rechazo total a la explotación minera, con 8936 votos en contra y 4 votos a favor.
No tiene nada de raro entonces que el afán de los empresarios de desprestigiar las consultas comunitarias es grande. A pesar del rotundo "NO" a la minería en cada una de las comunidades consultadas, algunos medios de comunicación han dado información falsa, afirmando que en el municipio hay "50 comunidades" a favor de la minería. Esta afirmación resulta ridícula, considerando que los aldeanos han informado de la existencia de un total de 38 comunidades en el municipio.
Los aldeanos están ejerciendo sus derechos como ciudadanos. Las consultas comunitarias se realizaron en el marco del convenio 169 que obliga al estado a consultar a los pueblos indígenas sobre la explotación de los recursos en sus territorios. Sin embargo, el gobierno de Álvaro Colom, en lugar de garantizar la aplicación de las leyes, actúa a favor de los empresarios, de manera violenta y a costo de la población. El presidente acude otra vez al "Estado de Prevención", limitando los derechos de los ciudadanos y facilitando la represión. Ya está claro que son el gobierno y las autoridades, las que constituyen un peligro para la sociedad, y no las protestas sociales.
El Comité de Unidad Campesina se solidariza con los campesinos de San Juan Sacatepéquez y condena enérgicamente la criminalización de las protestas sociales y la militarización del municipio.
COMUNICADO DE PRENSA SOBRE LA MILITARIZACIÓN DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
23 de junio, 2008
http://www.cuc.org.gt/comunicado_25.html
LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, INDÍGENAS Y CAMPESINAS
(UNSITRAGUA, FNL, SNTSG, CNOC, CUC, FESTRA)
Al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional manifestamos nuestro total rechazo a las prácticas de militarización y represión, como respuesta del Estado ante la problemática social.
Las acciones del actual gobierno nos hace recordar épocas precedentes de ingrata memoria, como las emprendidas por el gobierno de Carlos Manuel Arana Osorio y otros gobiernos que le sucedieron. Todos implementaron la suspensión de las garantías constitucionales como una de sus principales armas para enfrentar el descontento popular. La historia, si no se le conoce, torna cíclica.
El pueblo de San Juan Sacatepéquez lucha, con dignidad, por la defensa de su tierra y la integridad de sus territorio. Los acompañan la razón y el derecho. La empresa de la familia Novella amenaza con convertir sus jardines en desierto. Ante su clamor nada, en absoluto, se resuelve con la intervención militar. Los problemas sociales que se multiplican a lo largo y ancho del país, requieren respuestas de otra naturaleza.
El precedente que establece el Gobierno de militarizar las áreas de conflicto por la vía de suspender las garantías constitucionales y lanzar sobre el terreno a sus perros de la guerra, es inaceptable. El pasado no debe volver, ni la impunidad puede seguir siendo el manto bajo el cual se abrigan todo tipo de atropellos en contra de los derechos e intereses superiores del pueblo.
Los movimientos sociales no son terroristas. Por el contrario, es el propio Estado quien siembra el terror, para defender los intereses de la familia Novella.
El actual Gobierno debe recordar que, quien siembra vientos, cosechará tempestades. Las derechas de este país deben saber que han de ponerle límites a su codicia, porque si no lo hacen, es el propio pueblo quien terminará por limitarlas. Colom llama a los pobladores a establecer un diálogo luego de militarizar el área. No es válido dialogar cuando una de las partes apunta con un fusil en la sien de la otra. Claro que debe darse un proceso de diálogo pero en condiciones de equidad y respeto mutuo.
Para ello es precisa la mediación de actores que, como la Iglesia Católica, puedan desempeñar un arbitrio respetuoso y conciliador entre las partes.
La inteligencia, la razón, deben imponerse por encima del uso de la fuerza bruta.
Exigimos al Estado el inmediato retiro de sus tropas y que, también de inmediato, cese el Estado de Prevención.
¡A mayor represión, mayor organización!
Iglesias llaman a retomar el diálogo en San Juan Sacatepéquez
24 de junio, 2008
Las iglesias aglutinadas en el Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala instaron hoy al diálogo para buscar alternativas al conflicto que se vive en San Juan Sacatepéquez contra una cementera y por el que el gobierno decretó estado de excepción. "Es imperativo que los actores directos demuestren capacidad y voluntad política y que tomen medidas que posibiliten y creen condiciones objetivas para este diálogo, lo cual no se logra criminalizando la protesta popular y las demandas comunitarias", afirmó el reverendo Vitalino Similox.
El rechazo de un grupo de pobladores contra la instalación de una planta cementera en dicho poblado provocó el fin de semana pasado el asesinato de una persona que supuestamente simpatizaba con los intereses de la empresa.
"Los espacios de diálogo y los mandatos de las consultas populares en temas de seguridad ecológica y ambiental deben ser vinculantes. Es un deber ético, moral y pastoral proteger la vida humana y la salud de los entornos comunitarios y ecológicos, fundamentalmente frente a los escenarios de hambruna que nos acechan" , agregó el religioso.