Judge Orders Measures to Protect Public Health in La Oroya

Judge Orders Measures to Protect Public Health in La Oroya

Peru; American-Owned Smelter Has Poisoned Nearly Everyone, Groups Say

15th April 2005

U.S. Newswire

Lima, Peru - A Lima civil court has ordered the Peruvian Ministry of Health and the General Directorate for Environmental Health to take steps to alleviate a public health crisis in La Oroya, a city where the Doe Run company of Missouri operates a multi-metal smelter.

La Oroya is a city of 30,000 located high in the Peruvian Andes. The smelter operated by Doe Run emits large amounts of toxic heavy metals and sulfur dioxide into the environs of the city. The contamination is so severe that a recent study by the company and health authorities showed that 99.9 percent of the children in the neighborhood closest to the smelter had blood lead levels that exceed acceptable levels. This study did not examine the blood lead levels of children more than six years old, nor did it evaluate residents of the other neighborhoods in the city, all of which are also highly contaminated.

The court's decision resolves a lawsuit filed by the Peruvian Society for Environmental Law (SPDA). The ruling, issued after more than two years of litigation, declares that government authorities have failed to comply with the National General Health Law, the National Air and Environmental Quality Standards, and a Supreme Decree regarding declaring States of Emergency in cases of contamination.

According to the Judge, there is no doubt that in La Oroya, "air contamination far surpasses permissible levels," including substantially exceeding the recommendations by the World Health Organization.

"This decision confirms the urgent need to implement measures to protect the health and lives of the people in La Oroya that are affected by the smelter" said Carlos Chirinos, the attorney at the SPDA handling the case. "We will closely monitor compliance with the court order, to ensure improvements in the quality of life and health for the populace, and the economic benefits that this will bring to the region," he added.

The ruling also orders the health agencies to develop and implement a plan to address the State of Emergency. This includes immediate measures to reduce contamination to levels where air quality protects public health. Additionally, the authorities must design and implement a public health strategy to protect vulnerable groups such as pregnant women, infants, and the elderly, and to better define the public health risks faced by the city. Finally, the judge ordered the authorities to undertake epidemiological and environmental monitoring programs in La Oroya.

"The court's decision comes at a key moment for La Oroya, and leaves no question as to the failure of the government to protect the fundamental rights of La Oroya citizens," said Anna Cederstav, a scientist who works with Earthjustice and AIDA. "Now, our efforts must focus on the implementation of appropriate measures to reverse the public health crisis in the city and nearby communities."

Although the health authorities recently announced a medical intervention program to treat the most severely poisoned children in the La Oroya Antigua neighborhood, the proposed program fails to consider harms suffered by the many thousands of other children and adults in the city. It also does not contemplate health impacts caused by other toxic contaminants, including arsenic, cadmium, and sulfur dioxide, all of which are present at high levels.

Juez Ordena Medidas Para Recuperación de Salud Pública en la Oroya Contactos

Abril 14, 2005

SPDA & AIDA

LIMA, Perú, - En resolución que decide en primera instancia la Acción de Cumplimiento interpuesta por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el 22º Juzgado Civil de Lima ordenó al Ministerio de Salud del Perú (MINSA) y a la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), la implementación de medidas concretas para la recuperación de la salud de los afectados por la grave contaminación en La Oroya. La sentencia, expedida luego de más de dos años de litigio, declara que las entidades incumplieron las leyes de salud aplicables.

La Oroya es una ciudad ubicada en los Andes peruanos, que depende económicamente del complejo metalúrgico operado por la compañía Doe Run Perú, filial de la compañía estadounidense Doe Run. La actividad metalúrgica ha originado una alta contaminación por metales pesados que afectan a la población de La Oroya. De hecho, el más reciente estudio realizado por DIGESA y por la compañía, evidenció que más del 99% de los niños y niñas menores de seis años, que habitan en el vecindario más cercano al Complejo –La Oroya Antigua- tienen niveles de plomo en sangre mayores a los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El estudio no evalúa la salud de pobladores mayores de seis años, ni otras áreas de la ciudad o comunidades circundantes, que también están afectadas.

De acuerdo con la Juez Civil, Dra. Rosario Alfaro Lanchipa, no hay duda que en La Oroya se “sobrepasa los límites permisibles de contaminantes en el aire; situación que se viene agravando en la actualidad lo que es de conocimiento público” y que desconoce los límites permisibles de la OMS. En la sentencia, la Juez reivindica la garantía constitucional de las Acciones de Cumplimiento como un medio para obtener “la efectividad de la Ley en casos concretos y particulares en que cualquier ciudadano del país se vea afectado en sus derechos por la conducta omisiva o las arbitrariedades de la autoridad en el acatamiento del orden legal”.

“La decisión judicial confirma la inminente necesidad de implementar medidas urgentes para proteger la salud y la vida de los pobladores de La Oroya, afectada principalmente por la actividad metalúrgica”, afirmó el Dr. Carlos Chirinos, abogado de la SPDA. “La sentencia marca un hito muy importante en el derecho que tienen los ciudadanos de exigir a las autoridades responsables, el cumplimiento de las leyes que amparan su derecho a la salud por motivos de grave contaminación ambiental” agregó.

La sentencia también ordena al Ministerio de Salud y a DIGESA diseñar e implementar una estrategia de salud pública que proteja a los grupos vulnerables, como mujeres gestantes, infantes y personas de edad avanzada, y definir los riesgos de salud pública en la ciudad. Así mismo, las entidades deberán elaborar un Plan de Estado de Alerta y Programas de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental para La Oroya.

“La decisión judicial se produce en un momento fundamental para La Oroya, pues evidencia la desprotección de la salud pública allí” aseguró la doctora Anna Cederstav, Directora de Programas de AIDA. “Ahora, nuestros esfuerzos deberán estar centrados en velar por la implementación de estos programas para la recuperación y sostenimiento de la salud en la ciudad y sus alrededores” puntualizó.

Aunque las autoridades de salud han anunciado recientemente la implementación de un programa de intervención médica para tratar a los niños y niñas del vecindario de La Oroya Antigua, el programa propuesto no considera los daños sufridos por los demás menores y pobladores de la ciudad, ni los causados por otros contaminantes tóxicos como arsénico, cadmio y dióxido de azufre.

“Estamos muy contentos al ver que el Poder Judicial reconoce las razones por las cuales venimos luchando desde hace muchos años en La Oroya”, agregó un habitante de esa ciudad.

Es necesario que las demás autoridades ambientales y mineras en el Perú exijan el cumplimiento de las normas relevantes, para que las actividades económicas no se desarrollen en desmedro de los habitantes de las áreas donde operan.

Carlos Chirinos SPDA cchirinos@spda.org.pe

Anna Cederstav AIDA acederstav@aida-americas.org

Para mayor información acerca de esta decisión y de la contaminación en La Oroya vaya a: http://www.aida-americas.org/aida.php?page=13&lang=es y a www.spda.org.pe