Quiborax in Chile and Bolivia - Quiborax, la favorecida por Pinochet, en Chile y Bolivia
Published by MAC on 2008-08-11Mining Company Accused of Putting Flamingos in Danger
The National Forestry Corporation (CONAF) accuses mining company of not having valid permits to extend exploration works.
By Carlos Gonzalez / La Nación www.lanación.cl
5th August 2008
The natural monument Salar de Surire (Surire Salt Flats) in the Arica and Parinacota Region has been undergoing a delicate and unusual situation for the past week. Machines of the mining firm Quilborax began working to carry out mining exploration within the parks without the authorization of the National Forestry Corporation (CONAF), putting one of the four most important sites for the mating and nesting of flamingos in Chile into danger.
The information was confirmed to La Nacion by the regional director of the forestry organization, Jorge Torres, who explained that the firm used the Supreme Decree 116 from 1978 to carry out operations in the very heart of the salt flats, despite the fact that on July 28, the CONAF had informed the company that this document was not valid.
Quiborax has been extracting minerals from the protected zone due to this and another Decree dated 1989. However, to CONAF, the new mining exploration "is a totally new" project that cannot be carried out under these authorizations, one of which was issued before the subdivision of the National Park Lauca, which permitted the creation of the Las Vicuñas reserve and the natural monument Surire Salt Flats.
Quiborax, a Chilean firm, has not made any statements regarding the issue. On their website (www.quiborax.com) the mining firm highlights their concern for the environment of the salt flats and speaks of an agreement with the CONAF to evaluate the impact of their operations in the region.
Bolivian Government, Quiborax near agreement on concession dispute
29th July 2008
The Bolivian government and Chilean industrial minerals producer Quiborax may be close to reaching an agreement to settle an international arbitration case the company presented after its concession was withdrawn at the Salar de Uyuni salt flat, Bolivia's former mining minister Pedro Mariobo told BNamericas. "The amount the company demanded is being discussed. It's hoping for US$40mn and they are negotiating that figure," he said.
An official from the country's mining and metallurgy ministry said that the legal defense minister, Héctor Arce, traveled to the headquarters of the World Bank's International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) to fine tune the details of the possible agreement.
In February 2006, ICSID accepted the arbitration request submitted by Quiborax after the Bolivian government decided to rescind the company's mining concessions at Salar de Uyuni in Potosí department, where the company mined ulexite. Quiborax is the Chilean parent of Bolivian company Non Metallic Minerals (NMM).
Acusan a minera de poner en peligro a flamencos de monumento natural
Conaf denuncia que no cuenta con permisos válidos para ampliar trabajos de explotación
5 de agosto de 2008
Por Carlos González / La Nación - http://www.lanacion.cl/
Una delicada y anómala situación se vive en el monumento natural Salar de Surire, en la Región de Arica y Parinacota, hace una semana. Maquinaria de la minera Quiborax comenzó una exploración minera en su interior sin la autorización de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) poniendo en peligro uno de los cuatro sitios de nidificación de flamencos más importantes de Chile. La información fue confirmada a La Nación por el director regional del organismo forestal, Jorge Torres, quien explicó que la firma utilizó el decreto supremo (DS) 116 de 1978 para realizar las faenas en pleno corazón del salar, pese a que el 28 de julio la Conaf les informó que dicho documento carecía de validez.
Quiborax hace décadas extrae material en la zona protegida gracias al citado decreto y a otro de 1989. Sin embargo, para la Conaf la nueva exploración minera "es un proyecto totalmente nuevo" que no puede ampararse en las citada autorizaciones, una de los cuales se emitió antes de la subdivisión del Parque Nacional Lauca, que permitió la creación de la reserva Las Vicuñas y el monumento natural Salar de Surire.
Nidos en peligro
"Nuestra posición es que ese decreto es ineficaz hoy en día (el de 1978), por lo tanto, la empresa debería obtener -por un lado- un nuevo decreto presidencial para cumplir con la ley de minería, además de someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, por tratarse de un área silvestre protegida", dijo el funcionario.
Torres explicó que en una primera instancia se negó la autorización para la extracción de ulexita (mineral que se utiliza para la elaboración de ácido bórico) porque el decreto de 1989 establecía que las explotaciones no podían estar a menos de 700 metros de los cursos de agua ni a menos de 3 mil metros de las zonas de nidificación. "Cuando nos presentan el polígono de explotación, éste se encontraba aledaño a los sitios de nidificiación. Les dijimos, en consecuencia, que no podían hacerla bajo ese decreto la explotación", indicó el director regional, cuyos temores se confirmaron con los últimos reportes de los guardaparques que informaron que la maquinaria está hoy a mil metros de los nidos.
Sin embargo, la empresa arremetió y le señaló a la corporación que no se amparaban en el DS de 1989, sino que en el de 1978, que para Conaf es débil en términos ambientales, porque no establece restricciones, sólo plantea que la empresa deberá tomar las precauciones para no afectar la flora y fauna del lugar. Como la firma no acató la resolución de la Conaf, Torres reportó la situación a las seremi de Agricultura (superior jerárquico del organismo) y a la de Minería para que tomarán cartas en el asunto, ya que Surire también es área de interés científico para la minería, condición que obliga a contar con una autorización presidencial para la extracción de minerales.
Evaluación legal
El seremi de Minería se reunió ayer con Quiborax para conocer su plan de manejo y recabar mayores antecedentes. En la Región de Arica y Parinacota reconocen que la situación a la que están enfrentados no es habitual, razón por la que ayer despacharon una serie de antecedentes para que se realice una evaluación jurídica del conflicto.
La empresa guarda silencio
En tanto, Quiborax, de capitales nacionales, fue contactada por este medio para obtener una declaración, pero hasta el cierre de esta edición no se pronunciaba sobre el tema. En su sitio web (www.quiborax.com) la minera destaca su preocupación por el medio ambiente del salar y da cuenta de un convenio con la Conaf para evaluar el impacto de sus operaciones en la zona. La información fue confirmada por el director regional de la corporación, Jorge Torres, quien señaló que existe "un estricto seguimiento de las variables ambientales en las explotaciones amparadas en el decreto de 1989, que establece que no se pueden realizar explotaciones cerca de los cursos de agua y de los sitios de nidificación".
El funcionario aclaró que este protocolo no rige para las nuevas faenas, pero que de igual modo los guardaparques están siguiendo todos los movimientos de las maquinarias para evitar daño ambiental.
Quiborax y Bolivia están a punto de llegar a un acuerdo
La Paz/Erbol
5 de Agosto de 2008
El ministro Responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, aseguró este martes que el Gobierno está a punto de llegar a un acuerdo con la empresa chilena Quiborax, que demandó al Estado boliviano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por el caso de las concesiones mineras del Salar de Uyuni.
Esta demanda internacional está registrada con fecha 6 de febrero de 2006 "caso Ciadi No. Arb/06/2" ante un tribunal arbitral de Suiza, Francia y Canadá, con un monto probable de demanda de al menos 40 millones de dólares.
"Con Quiborax se llevó una largo proceso de negociación, existe un buen ánimo para llegar a un acuerdo, se va llegar a un acuerdo. Esta demanda en el Ciadi fue fruto de una acción muy precipitada del ex presidente Carlos Mesa, que dio origen a esta situación", dijo Arce, en declaraciones a la Red Erbol.
Explicó que este caso tiene que ver con la explotación de ulexita, mineral compuesto de hidroborato hidratado de sodio y calcio que se halla en gran cantidad en el Salar de Uyuni, ubicado en el departamento de Potosí.
Se entregó a Quiborax la concesión y luego se le quitó, por lo que la compañía recurrió al arbitrio, sostuvo el Ministro Responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales.
Cuatro empresas demandan a Bolivia por $us 925 millones
Ante todas estas demandas, el Estado ya inició la defensa correspondiente. Actualmente los casos se encuentran en proceso. Ashmore es la que tiene la mayor demanda ($us 500 millones).
15 de Julio 2008
De acuerdo a la información del Ministerio sin Cartera Responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, en menos de tres años el Estado boliviano ya tiene demandas, con cuatro consorcios internacionales, por $us 925 millones.
Tres de estas demandas están relacionadas con la actual política de nacionalización impulsada por el Gobierno y, la última, por la anulación de una concesión de explotación minera.
La demanda más importante es con Ashmore Energy International (AEI), perteneciente a TR Holding, que era propietaria del 50% de las acciones de la transportadora de hidrocarburos Transredes. El proceso se inició en junio de este año. La probable suma de la demanda es por $us 500 millones, según información oficial del Gobierno.
Luego está la demanda iniciada en octubre del 2007 por el consorcio italiano Euro Telecom International NV (ETI), ex mayor accionista de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), y cuyo monto demandado alcanza a $us 350 millones.
Los litigios menores son con la empresa Gas Transboliviano (GTB) por 35 millones de dólares de devolución impositiva, iniciado a finales de abril del 2008, y con la compañía minera Quiborax, por 40 millones de dólares, que se inició a finales del mes de octubre del año 2005.
El ministro del área, Héctor Arce Zaconeta, explicó que en todos estos casos el Gobierno está asumiendo ya una defensa, y adelantó que en el litigio con GTB ya se está por llegar a una solución, misma que se dará a conocer en los próximos días.
Cabe recordar que la británica AEI inició la demanda en contra del Estado boliviano luego de que la empresa Transredes, de la que era accionista mayoritaria, fuera nacionalizada el 2 de junio.
Arce recordó que, en este caso, se lleva adelante el arbitraje en la Cámara de Comercio de Estocolmo. Remarcó que ´Bolivia ya asumió la defensa´. La AEI apeló al tratado de promoción y protección mutua de inversiones suscrito entre Bolivia y la Unión Belgo-Luxemburguesa. El convenio establece el pago de una indemnización en caso de nacionalización o expropiación de inversiones. El problema con ETI empezó en octubre del pasado año, cuando el Ejecutivo se hizo con una parte de las acciones de Entel, las que pertenecían a los bolivianos y que estaban en el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), administrado por las AFP, y pidió negociar con la transnacional para obtener la mayoría accionaria.
En esa oportunidad, la italiana ETI apeló al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para iniciar un arbitraje y Bolivia decidió retirarse de esa entidad.
Finalmente, el Gobierno, en mayo de este año, ejecutó la nacionalización de Entel, recuperó las acciones que estaban en manos de la empresa europea (50%) e intervino a la telefónica. Ahora, ETI pidió a la CIADI asignar el tribunal arbitral para resolver el caso, y el Ejecutivo, a pesar de desconocer a este centro, alista su estrategia de defensa, según adelantó ayer el propio ministro Héctor Arce.
Con la empresa GTB, la autoridad aclaró que se trata de un tema impositivo en contra del Estado. Adelantó que éste ya se está solucionando y que hubo una aceptación de la privada.
Por otra parte, la empresa chilena Quiborax, accionista de la empresa boliviana Non Metallic Minerals SA, demandó al país por la anulación de su concesión para la explotación de ulexita y otros minerales no metálicos en el salar de Uyuni (Potosí).