Otro reves para Monterrico Metals en el caso Majaz

Demanda millonaria contra una minera británica por las acciones contra manifestantes en Perú

Londres, 19 oct 2009 (EFE).- Una compañía minera registrada en Reino Unido se enfrenta a una demanda millonaria por daños y perjuicios presentada por un bufete legal londinense en nombre de manifestantes detenidos y supuestamente sometidos a malos tratos en 2005 tras protestar en Perú contra una mina de cobre a cielo abierto.

Así lo informa hoy el diario británico "The Guardian", según el cual el caso, que se tratará en el Alto Tribunal londinense, refleja las crecientes tensiones entre los poderosos intereses mineros en Perú y una alianza de ecologistas y campesinos pobres que se dedican a una agricultura de subsistencia.

Cuando los manifestantes se dirigían a la mina, situada en una zona montañosa en las proximidades de la frontera ecuatoriana, se encontraron con un cordón de la policía armada, a la que, según la acusación, daban órdenes los responsables mineros, aunque la empresa, Monterrico Metals, lo niega.

Tras utilizar gases lacrimógenos contra los manifestantes, la policía detuvo a veintiocho personas, que afirman que les echaron a la cara substancias tóxicas antes de ponerles capuchas y golpearlos.

Dos de los manifestantes eran mujeres que dicen haber sido objeto de abusos sexuales y de amenazas de violación.

Otros tres manifestantes fueron heridos de bala por la policía y aunque no hay indicación alguna de que el grupo minero tuviera algo que ver con ese hecho, los manifestantes afirman que uno de los heridos fue abandonado y murió desangrado en terrenos de la mina.

Según el examen post mórtem efectuado, el manifestante tardó alrededor de treinta y seis horas en morir desangrado.

Aunque Monterrico, que pasó en 2007 a manos chinas y tiene su sede central en Hong Kong aunque sigue registrada en Gran Bretaña, niega haber ejercido control alguno sobre la operación policial, los abogados de los manifestantes han tomado declaración a varios testigos presenciales según los cuales el director de la mina estuvo dando instrucciones a la policía y dos directivos de la empresa estuvieron en la zona poco antes del comienzo de la operación.

Un periodista peruano detenido junto a los manifestantes ha recibido una serie de fotografías de la misma, tomadas al parecer por un supervisor de Monterrico, que, según los manifestantes, documentan las acusaciones de malos tratos policiales.

Varias de las fotografías se tomaron frente a las oficinas de la compañía minera y muestran a los manifestantes ensangrentados y maniatados y a algunos de ellos con los ojos vendados o encapuchados.

Algunas fotografías muestran a agentes de la policía riéndose mientras muestran la ropa interior de las mujeres detenidas.

En una de ellas aparece un campesino llamado Melanio García, de 41 años, tendido en el suelo malherido. Otras, tomadas treinta horas después, le muestran ya muerto.

El viernes, el abogado Richard Meeran, del bufete Leigh Day, que ha tramitado la demanda por daños y perjuicios, obtuvo una orden judicial que obliga a la compañía minera a mantener al menos activos por valor de un millón de libras (1.580 millones de dólares) en el Reino Unido.

Monterrico ha negado mientras tanto categóricamente que alguno de sus directivos o empleados hubiera tenido algo que ver con los "supuestos abusos en la mina de Río blanco en el año 2005".

El que era embajador británico en Lima en el momento de producirse el incidente, Richard Ralph, dejó posteriormente el servicio diplomático para ocupar el puesto de presidente ejecutivo de Monterrico.

Ralph expresó en su día el profundo pesar de la compañía por lo ocurrido y mientras tanto ha dimitido también de su presidencia.

Perú: Revés para Monterrico Metals
Por Emma Gómez M.(1)
20 de octubre, 2009
Programa de Minería y Comunidades de CooperAccion

La noticia llegó de Inglaterra. El congelamiento definitivo de casi 8 millones de dólares  de las cuentas de la empresa Monterrico Metals, propietaria de Minera Río Blanco Copper en el Perú, puede convertirse en un importante precedente para casos de vulneración de derechos humanos por empresas multinacionales.

El congelamiento de las cuentas se da en salvaguarda de la reparación civil a favor de los ciudadanos peruanos que fueron secuestrados y torturados el año 2005 por las fuerzas policiales y la empresa de seguridad privada Forza que le prestaba servicios a Minera Río Blanco.

El fallo de la corte británica ha hecho primar el principio que las multinacionales son jurídicamente responsables por las violaciones de derechos humanos que sucedan en sus actividades en el extranjero. En efecto, un tema que ha sido recurrente en los últimos años es la afectación de los derechos humanos por parte de empresas multinacionales y la falta de un marco legal internacional vinculante que permita sancionarlas.

El fallo busca garantizar un resarcimiento efectivo a los ciudadanos peruanos que fueron secuestrados y torturados. Esta decisión se da en un contexto muy importante  ya que en  abril de este año se publicó el Informe de John Ruggie, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la consulta global sobre  Derechos Humanos y Empresas Transnacionales.  

En el informe de Ruggie, titulado “La empresa y los derechos humanos: la puesta en práctica del marco proteger, respetar y remediar”, se plantea como interrogante: ¿En un contexto de crisis económica es pertinente proponer el tema de los derechos humanos y las empresas transnacionales?

La respuesta es un sí contundente por tres razones: i) en tiempos de crisis los derechos peligran más; ii) la existencia de un “entorno permisivo”, que provocó la crisis económica, puede generar un peor comportamiento de las empresas hacia los derechos humanos; por lo que el fortalecimiento del régimen internacional de derechos humanos contra los abusos de las empresas contribuirá a la transición universalmente deseada hacia una economía mundial más incluyente y sostenible, y se beneficiará de ella, y iii) el marco "proteger, respetar y remediar" identifica medidas concretas para alcanzar estos objetivos.

Es determinante que los gobiernos introduzcan en sus políticas y normativas específicas el tema de los derechos humanos, sobre todo en relación directa con las prácticas empresariales, buscando fortalecer su accionar en la materia. Y en el caso de las empresas, lo importante es que tomen una verdadera conciencia para que sus prácticas -y no solo sus discursos- sean efectivamente respetuosas de los derechos de las poblaciones vecinas, sus trabajadores y el entorno.

El acceso a una reparación eficaz, judicial o no judicial, es un elemento esencial que permitirá que los individuos y las comunidades reivindiquen sus derechos. Este es un objetivo básico del régimen de los derechos humanos.

Arana: Congelamiento de activos a Monterrico Metals abre una luz en caso Majaz
Lun, 19 de octubre, 2009
http://www.larepublica.pe

El congelamiento de cinco millones de libras esterlinas en los activos de la minera Monterrico Metals, en el marco del proceso que interpusieron 28 comuneros de Piura, abre una esperanza en el caso Majaz, afirmó el padre Marco Arana. “(Esto) abre una esperanza de que puede haber justicia porque en el país recordemos que hasta intervino un fiscal que aparece también en las fotografías, viendo a los campesinos heridos, amarrados y con bolsas de plástico en la cabeza y en vez de salvaguardar los derechos de las pobladores aparece actuando bajo órdenes de la empresa y luego cuando fue denunciado después fue liberado de toda responsabilidad”, dijo en el programa "No Hay Derecho" de Ideeleradio.

Señaló que este caso debe ser seguido con minuciosidad por parte de la opinión pública para que los sucesos ocurridos en Majaz no queden impunes. Comentó que el Ministerio del Interior y en particular sus efectivos policiales deben acatar con respeto las normas vigentes por la Constitución a favor de la ciudadanía.

Explicó que este caso se presentó ante los fueros internacionales, específicamente en el Reino Unido, porque en la vía nacional se agotaron todas las opciones judiciales. En tal sentido, comentó que el congelamiento de los cinco millones de libras esterlinas a la empresa minera Monterrico Metals es un indicio de que hay un delito de por medio.

“Desde Fujimori se abrió la posibilidad que las empresas privadas de seguridad pudieran trabajar a órdenes y bajo pago de empresas mineras, como sabemos las empresas mineras en el Perú pueden contratar a empresas privadas que utilizan armas de guerra que se comprobó en el caso del conflicto minero en Cajamarca con la empresa FORZA”, señaló

Cabe precisar que para sustentar la demanda contra la empresa minera Monterrico Metals, se presentaron fotografías en donde se muestra a algunos pobladores de Huancabamba, como al periodista de Radio Cutivalú, Julio Vásquez, que fueron agredidos y torturados por miembros de la seguridad del campamento de la minera Majaz cuando se realizó a cabo una marcha pacífica en el 2005. (Con información de Ideeleradio)