Minera más grande del mundo cuestionada en asamblea anual de accionistas

Minera más grande del mundo cuestionada en Asamblea Anual de accionistas 
Jueves 29 de octubre 2009

“Mientras ustedes disfrutan de un buen estandard de vida … nosotros los Wayuu comemos comida contaminada por el carbón … ¿Porque cuando ustedes tienen dinero en sus cuentas bancarias, porque nuestra gente vive en condiciones peores?”
- Karmen Ramirez, Wayuu de Colombia

Activistas de las comunidades y algunos accionistas levantaron críticas acerca del medio ambiente y los derechos humanos, hoy en la asamblea anual de accionistas de BHP Billiton plc en Londres. Muchas de éstas se enfocaron en los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas.

El problema de a compañía Carbones del Cerrejón (de la cual BHP Billiton posee un tercio) tuvo atención central. Representantes de las comunidades en Colombia que han sido desalojadas para hacer espacio a la expansión de una de las minas de carbón más grande del mundo pidieron a la compañía un trato justo en las negociaciones. También presentaron los problemas de salud causados por el polvillo de carbón producido por la mina actualmente, así como el miedo sobre su propia seguridad en un país donde levantar quejas legítimas contra grandes compañías puede hacer a las personas víctimas de violaciones de los derechos humanos. Yoe Arregoces y Wilman Palmesano hicieron un llamado especial a la compañía para que tome medidas que garanticen la seguridad de las comunidades y sus líderes.

Karmen Ramirez trabaja con comunidades Wayuu afectadas por la mina e hizo una petición apasionada a la compañía y sus accionistas para que respeten los derechos de los habitantes de estas tierras. “Todo lo que queremos pedir a la compañía es que respete nuestros derechos. Por favor revisen todos los acuerdos que la compañía ha venido haciendo sin ningún tipo de consulta.”

También se nombraron los problemas de las actividades de BHP Billiton en Filipinas y en Australia.

En Australia, hubo un llamado para permitir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados por la expansión masiva de la mina Olympic Dam en el sur del país.  Se leyeron las palabras del anciano Indigena Arabunna, Tio Kevin Buzzacott: “No expandan esta mina. No queremos una mina abierta. No queremos que nos quiten más agua del Great Artesian Basin.”

A los accionistas se les distribuyeron copias del Informe Alternativo para Accionistas. El Informe enumera los abusos de derechos humanos, en particular de comunidades afectadas, problemas de salud y seguridad de los trabajadores, seguridad alimentaria y de sustento, y problemas ambientales. También expone los problemas sobre el calentamiento global y el compromiso total de BHP Billiton para aumentar la extracción y promover el uso de carbón y uranio para la producción de energía. Marius Kloppers, Ejecutivo Principal (CEO) de BHP Billiton, dijo que revisará el contenido del informe.

A pesar de que BHP Billiton no es un nombre muy conocido en Gran Bretaña, sus actividades tienen un impacto masivo en comunidades alrededor del mundo. Estas actividades son en parte financiadas por bancos conocidos y por fondos de pensiones que invierten el dinero de millones de trabajadores en el Reino Unido.

En todo caso la compañía sostuvo que ellos siguen siempre los estándares más altos, defendió su posición y prometió que revisará algunos de los casos expuestos.

Para más información contactar a
Richard Solly, London Mining Network, 07929 023214.

Notas del editor:

1. Representantes de Comunidades Colombianas:

Karmen Ramirez trabaja con los grupos de mujeres indígenas Wayuu Cabildo Wayuu Nouna de Campamento y Sutsuin Jiyeyu Wayuu – Fuerza de Mujeres Wayuu (SJW-FMW). El pueblo Wayuu vive entre la mina y el puerto de exportación de carbón Puerto Bolívar. Ellos se ven afectados por el transporte del carbón desde la mina y por la militarización de la zona para proteger los intereses de la compañía.

Yoe Arregoces y Wilman Palmesano representan a las comunidades Afrocolombianas de Roche y Chancleta, que se enfrentan al proceso de reasentamiento por la expansión de la mina del Cerrejón y que a pesar de la supuesta buena voluntad de la compañía, han sido deprivados de sus medios de subsistencia, mientras las negociaciones continúan.

2. London Mining Network (LMN) es una alianza de grupos de derechos humanos, desarrollo y ambientalistas. Sus miembros incluyen a ACTSA (Action for Southern Africa), CATAPA (Comité Académico Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales), Colombia Solidarity Campaign, The Corner House, Down to Earth (la campaña ecológica para Indonesia), Forest Peoples Programme, LAMMP (Latin American Mining Monitoring Programme), Partizans (People Against Rio Tinto and its Subsidiaries), PIPLinks (Philippine Indigenous Peoples Links), TAPOL (la campaña de Indonesia para los Derechos Humanos) y Society of St Columban.

LMN existe para exponer el rol de las compañías, financiadores y gobiernos en la promoción de proyectos mineros controversiales e inaceptables. Hace esto a través de la publicación de informes, participa como accionista “disidente” en las asambleas de las compañías, organizando eventos educativos, y cuando es necesario, presionando a instituciones financieras, políticos y ONGs.

3. Londres es el centro de la finanza minera mundial.

La mayoría de las compañías mineras más grandes del mundo y muchas pequeñas (‘junior’), están registradas en el London Stock Exchange (Bolsa de valores de Londres), incluyendo su mercado de inversión alternativo (Alternative Investment Market - AIM). Londres es el centro más grande en el mundo para la inversión en la industria minera: bancos británicos, iglesias y municipios invierten cientos de millones de libras al año en proyectos mineros alrededor del mundo. La organización principal de Lobby para la industria minera, el Consejo Internacional sobre Minería y Metales (International Council on Mining and Metals – ICMM) tiene sede en Londres. También tienen sede en Londres los mecanismos más importantes para la determinación de los precios de los metales como el London Metal Exchange, y el principal comerciante de metales preciosos, el London Bullion Market Association (LBMA) y el World Gold Council.

4. La minería es una de las industrias más contaminantes del mundo.

Esta actividad tiene un impacto negativo desproporcionado sobre las comunidades cuyo sustento depende de pesca o agricultura, especialmente comunidades indígenas. Además estas actividades de han visto frecuentemente relacionadas con desalojos forzados, militarización, conflictos y violaciones de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. El uso de carbón para generar energía es el contribuyente mayor al cambio climático; el uso de uranio produce desechos radioactivos que amenazan el bienestar de miles de generaciones futuras.

Representantes de Comunidades en Londres para cuestionar a la multinacional minera más grande del mundo 
Representantes de comunidades que están siendo deslazadas por la masiva mina del Cerrejón participan en la asamblea anual de accionistas de BHP Billiton plc en Londres el 29 de octubre del 2009.
Informe de Colombia Solidarity Campaign, LONDRES, 29 de octubre 2009

 
BHP Billiton es la empresa minera más grande del mundo. Sus oficinas centrales se encuentran en Australia, pero también está registrada en la Bolsa de Valores de Londres. BHP Billiton es dueña de un tercio de Carbones del Cerrejón, compañía que maneja una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. La mina se encuentra en el departamento de La Guajira en Colombia.

En el 2007, en respuesta a la crítica internacional, Carbones del Cerrejón estableció un Panel Independiente de Investigación sobre el impacto de su funcionamiento. El Panel hizo ciertas recomendaciones a principios del 2008 y como resultado de éstas, en diciembre del mismo año, Carbones del Cerrejón firmó un acuerdo con los antiguos residentes de Tabaco, una comunidad desalojada y sus habitantes desplazados a la fuerza por una expansión de la mina en el 2001 – ver http://www.colombiasolidarity.org.uk/content/view/447/31/.

A raíz de esto, la compañía también empezó negociaciones para el reasentamiento comunitario (opuesto a la negociación individual que se llevaba a cabo hasta entonces) de otras comunidades afectadas por la expansión de la mina, entre ellas se encuentran Chancleta, Patilla, Roche y Tamaquitos.

Los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de Chancleta y Roche, Wilman Palmesano y Yoe Arregoces, están en Londres para hacer conocer sus preocupaciones a los accionistas de BHP Billiton. Ellos reclaman que Carbones del Cerrejón no está negociando con sus comunidades en buena fe. También vinieron a expresar su preocupación frente amenazas recibidas por la labor que han hecho organizando a sus comunidades y por sus críticas a la compañía. Hoy ellos presentan a BHP Billiton y a sus accionistas las siguientes Demandas y un Comunicado.

Demandas de las comunidades de Roche y Chancleta, departamento de La Guajira, Colombia, sobre el actual proceso de reasentamiento de estas comunidades por la compañía Carbones del Cerrejón (33.33% de BHP Billiton)

En todos los aspectos del reasentamiento, debe haber un acuerdo mutuo y consulta previa. La compañía debe abstenerse de dividir y manipular a las comunidades

Asesoría: se debe establecer un equipo de asesoría independiente, pagado por la empresa, más no dependiente de ella.

Carbones del Cerrejón no ha seguido las recomendaciones del Panel Independiente de Investigación ni las del Banco Mundial sobre el reasentamiento involuntario de las comunidades, a pesar de que estas son solo lo mínimo necesario que la empresa debe hacer. Nosotros no aceptamos estas recomendaciones como suficientes ni justas para nuestras comunidades, y por eso insistimos en que cualquiera que sea el proceso a seguir, este debe ser consultado y aplicado solo después de un acuerdo mutuo.

Tiene que haber concertación de todas las etapas y elementos del reasentamiento. Sobre todo la revisión y replanteamiento de los cronogramas y planes de reasentamiento deben ser acordados con las comunidades y sus asesores. Se deben tomar en cuenta las propuestas de las comunidades; estas deben tener voz y voto en la selección de los contratistas.

Se deben respetar las preferencias de las comunidades por la reubicación colectiva rural, con suficiente tierra, garantía de sostenibilidad económica después del reasentamiento, buenos servicios (luz, agua potable etc.) y sobre todo buena educación.

Tienen que respetarse los derechos de todos los habitantes tradicionales de ésta área, sin discriminación o exclusión en base a censos que no reflejan de manera transparente y real el número de habitantes de las comunidades. Los miembros de la comunidad que han vendido sus propiedades a la mina, o que han sido desplazados tienen que tenerse en cuenta en este proceso.

Tiene que encontrarse una solución al problema de salud, tanto lo que es la contaminación como el tratamiento y la prevención de las enfermedades, por ejemplo el acceso a especialistas.

Debe llegarse a un acuerdo global sobre la construcción de Roche, lo que es el espacio y la distribución de las piezas y casas y su diseño. Esto debe incluir elementos de autoconstrucción como generación de empleo e ingreso. La construcción no debe avanzar antes de haber logrado este acuerdo. Esto debe aplicarse también a las otras comunidades.

Se deben entregar de los avalúos de las propiedades y debe haber negociación sobre ellos. Las compensaciones e indemnizaciones tienen que ser transparentes y justas.

La presión y persecución cada vez que la compañía propone algo, tiene que cesar inmediatamente. Yoe y Wilman temen por su seguridad a su regreso a La Guajira.

La empresa debe invertir en proyectos productivos y/o empleo desde ya, durante el reasentamiento.

29 Octubre 2009
 

Comunicado a la empresa Cerrejón y sus accionistas, a las autoridades colombianas y a la opinión pública nacional e internacional, de los representantes de las comunidades de Roche y Chancleta en e departamento de La Guajira, Colombia, comunidades afectadas por la mina de carbón del Cerrejón (33% de esta es de BHP Billiton)

Nosotros, Yoe Arregoces y Wilman Palmezano, estuvimos en Suiza, Alemania y Reino Unido, exponiendo la situación que padecen nuestras comunidades por efecto de la explotación minera. Estamos buscando ser escuchados y buscamos soluciones para los problemas más apremiantes de nuestra gente. Para esto, nos hemos reunido con ONGs, representantes gubernamentales, políticos, compradores del carbón y con las compañías dueñas del Cerrejón.

Estando en Europa, hemos tenido la preocupación por nuestra seguridad e integridad física y moral al regresar a nuestras comunidades. Sabemos de visitas anteriores de líderes comunitarios y sindicales donde han sido frecuentes los señalamientos y todo tipo de presión de parte de la empresa Cerrejón por las afirmaciones hechas fuera de Colombia. Estando aquí en Europa, nos hemos enterado de un fuerte rumor sobre una posible incursión de grupos paramilitares a la zona de las comunidades, lo que aumenta nuestra preocupación y crea zozobra en nuestras comunidades y en nosotros mismos.

Hacemos un llamado a las autoridades locales, departamentales y nacionales de Colombia y a la empresa Cerrejón y sus accionistas de tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las comunidades y de sus líderes.

Antecedentes: desalojo de comunidades alrededor de la mina del Cerrejón
 
BHP Billiton es parte del consorcio de tres multinacionales que a finales del 2000 compró al gobierno colombiano el 50% de las acciones de la mina de carbón del Cerrejón, ubicada en el departamento de La Guajira, al norte del país, de la cual se dice ser la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. La mina, manejada entonces por Exxon, filial de Intercor (dueña del otro 50% de las acciones) tenía ya una historia de desplazamiento forzado de comunidades indígenas y afrocolombianas, con compensación inadecuada o del todo inexistente, para hacer espacio a la expansión de la mina.

A finales de los 70s y principios de los 80s, comunidades indígenas del pueblo Wayuu fueron desplazadas para hacer espacio al puerto de exportación de carbón en Puerto Bolívar, y para construir el ferrocarril que une a éste con la mina. Cementerios sagrados fueron destruidos y se crearon tensiones entre diferentes grupos familiares, ya que las familias desplazadas ocuparon territorios de otras familias.

En agosto del 2001, el pequeño pueblo agrícola de Tabaco, habitado en su mayoría por afrocolombianos, fue destruido por un buldózer de la mina, en una operación brutal de desalojo, acompañada por cientos de soldados armados y personal de seguridad de la mina. En febrero del 2002, el consorcio del que hacía parte BHP Billiton compró el otro 50% de la mina del Cerrejón a Intercor. BHP Billiton posee ahora 33.33% de Carbones del Cerrejón, el actual operador de la mina.

Después de esto comenzó  una campaña sostenida de oposición por parte de la comunidad, apoyada por accionistas disidentes en BHP Billiton y otros alrededor del mundo. Algunos de los antiguos residentes de Tabaco se organizaron a través de la Junta Social Pro-Reubicación de Tabaco, para demandar no solo compensación por la destrucción de sus casas y medios de sustento, sino también por el reasentamiento de la comunidad en tierras agrícolas de igual valor – como instan las recomendaciones del Banco Mundial sobre re reasentamiento involuntario. Lo máximo que Carbones del Cerrejón quiso ofrecer fueron compensaciones económicas individuales (por familia), basadas en avalúos cuestionados por muchos en la comunidad. En el 2007 se hizo una queja en contra de BHP Billiton a la Punto Nacional de Contacto de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico).

Como respuesta a las críticas, en el 2007 BHP Billiton y las otras dos multinacionales involucradas en Carbones del Cerrejón (Anglo American y Xstrata) comisionaron un Panel Independiente de Investigación para analizar los programas sociales de la mina y su impacto general en las comunidades locales. El panel encontró que las críticas hechas tenían fundamento e hizo un número de recomendaciones, sobretodo con respecto al justo reasentamiento para las personas de Tabaco. El Pánel recomendó, entre otras cosas, que Carbones del Cerrejón trabajara con el Junta Social Pro-Reubicación de Tabaco y con otros antiguos residentes del pueblo, para asegurar una compensación justa, comprara tierra colectiva para la agricultura y ayudara a construir una iglesia o un centro comunitario para el uso común de los antiguos residentes. El Panel también recomendó que en futuro se hicieran negociaciones transparentes con otras comunidades que se ven negativamente afectadas por la cercanía de la mina y que se llegara a acuerdos de reasentamiento con el consentimiento de la comunidad.

Carbones del Cerrejón, y las tres multinacionales accionistas, incluyendo a BHP Billiton, aceptaron en líneas generales las recomendaciones del Panel. Las negociaciones con el Comité de Reasentamiento de Tabaco terminaron en un acuerdo en diciembre del 2008, que según el abogado del Comité incluyó casi todo por lo que el Comité ha venido luchando, incluyendo la compra de un pedazo de tierra en el que las familias de Tabaco se podrán asentar, para continuar su vida en comunidades como agricultores. Desde entonces han comenzado procesos de negociación con otras comunidades afectadas por la expansión de la mina – Roche, Chancleta, Patilla y Tamaquitos.

Pero el conflicto continúa. Se ha criticado fuertemente el valor económico de las compensaciones en el acuerdo de Tabaco. El suministro de infraestructura para el nuevo pueblo – calles, alcantarillado, electricidad – es de responsabilidad de las autoridades locales, y por eso depende de la buena voluntad del alcalde local. La tierra comprada por la compañía es suficiente para las casas, pero no para cultivar a la escala practicada por la comunidad antes. No está claro como la gente podrá tener un medio de subsistencia.

Las dificultades también subsisten para las comunidades que están ahora siendo desplazadas. Se discute el número de personas que tienen derecho al reasentamiento. La compañía se niega a reconocer la necesidad de proveer tierra productiva en los nuevos asentamientos, no obstante este aspecto sea fundamental para que las comunidades puedan seguir con sus actividades agrícolas. En los años pasados, para la gente se ha vuelto casi imposible ganarse la vida, pues la expansión de la mina ha invadido la tierra agrícola, y mientras se desarrolla el proceso de reasentamiento, que puede durar años, la gente no tiene acceso a actividades económicas. Miembros de las comunidades acusan a Carbones del Cerrejón por obstaculizar su liderazgo en las comunidades, por tomar decisiones sin consulta previa, publicar cronogramas sobre los pasos del reasentamiento sin informar a las comunidades, por organizar reuniones sin avisar con tiempo y por causar confusión y división en la comunidad cancelando reuniones a ultimo minuto, informando solo algunos de los participantes y no a todos. La compañía no ha logrado crear una relación de confianza con las comunidades y sus lideres. Los miembros de las comunidades están al oscuro de lo que eventualmente recibirán: que tipo de casas, cuanta tierra, trabajo o oportunidades económicas y compensación económica.

Mientras tanto, la gente vive en extrema dificultad, con voladura de la mina que causa daños graves en las casas, polvo de carbón en el aire que causa enfermedades respiratorias y de la piel, tierra que la gente trabajaba tragada por las actividades de la mina o cercada con líneas rojas para la expansión. La gente siente que su comunidad está siendo ‘estrangulada’. El Panel Independiente de Investigación recomendó que la compañía hiciera más para asegurarse de que la gente pueda ganarse la vida – incluyendo la el suministro de servicios y financiando proyectos económicos en pequeña escala – pero nada de esto se ha hecho hasta ahora.

Al mismo tiempo, los trabajadores de la mina del Cerrejón que son miembros del sindicato  SINTRACARBON, están preocupados por las inferiores condiciones de trabajo para los trabajadores  no-sindicalizados. SINTRACARBON también se preocupa sobre la exposición al polvillo de carbón. El sindicato sostiene que el polvillo se una substancia dañina bajo las leyes colombianas y que por eso la compañía está obligada a pagar mayores contribuciones de seguridad social de las que paga actualmente, para facilitar la jubilación de los trabajadores.