Guatemala suspende operaciones de la mina Marlin

Guatemala acata la orden de la CIDH de suspender las operaciones de una mina canadiense

Agencia EFE

23 de junio 2010

Guatemala - El Gobierno de Guatemala anunció hoy que acatará la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que el pasado 21 de mayo ordenó suspender de forma "cautelar" la explotación de una mina de oro propiedad de la canadiense GoldCorp.

Por medio de un comunicado, la Presidencia dijo que "de conformidad con las posibilidades de su propio ordenamiento interno, iniciará el proceso administrativo correspondiente, con el fin de que la medida cautelar pueda cobrar legalmente vigencia".

Sin embargo, la Presidencia no precisó detalles sobre la suspensión de las operaciones de esta mina, que opera en el país desde 2008, y que según cifras oficiales en promedio cada año produce 250.000 onzas de oro y 3,5 millones de onzas de plata.

En su resolución, además de suspender las operaciones de la mina Marlín, propiedad de Montana Exploradora, subsidiaria de la multinacional canadiense GoldCorp, la CIDH también ordenó al Estado guatemalteco otorgar medidas cautelares a favor de los pobladores de las comunidades indígenas de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán.

Según la Comisión de la Organización de los Estados Americanos, la mina Marlín ha causado daños a los pobladores de esas comunidades, así como a sus fuentes de agua y medio ambiente.

El Gobierno aseguró en el comunicado que los estudios hechos por los ministerios de Salud Pública y Medio Ambiente han determinado que, como consecuencia de las actividades mineras, no se han contaminado las fuentes de agua de esas comunidades.

Además, aseguró que coordinará con los habitantes de esos lugares las medidas cautelares ordenas por la CIDH para garantizar la seguridad de los pobladores.

Guatemala acata resolución CIDH contra mina de oro

Dpa

24 de junio 2010

Ciudad de Guatemala - El gobierno de Guatemala anunció este miércoles su decisión de acatar una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la OEA, que pidió suspender de forma temporal las operaciones de una mina de oro y plata de capital canadiense en el oeste del país.

Un comunicado oficial consignó: "El Estado de Guatemala comunica su decisión de atender (la resolución), para dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en el campo de los derechos humanos".

La CIDH, en una resolución del 20 de mayo, pidió al presidente Álvaro Colom que suspendiera de forma temporal las operaciones debido a denuncias de contaminación de 18 comunidades aledañas a la mina Marlin, operada por la empresa Montana, subsidiaria de la canadiense GoldCorp.

La semana pasada el Relator Especial de la ONU para los Pueblos Indígenas, James Anaya, recomendó al gobierno que ordene la suspensión provisional de la mina Marlin.

En el comunicado, el gobierno de Colom dijo que ratifica "su firme compromiso de velar por la salud de la población guatemalteca y proteger el medio ambiente, reduciendo los niveles de contaminación, así como su decisión de promover inversiones social y ambientalmente responsables".

Aclaró, sin embargo, que los estudios realizados por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Energía y Minas "no demuestran que exista contaminación en las aguas de las comunidades, por lo que son aptas para el consumo humano".

Además, en la evaluación realizada por el Ministerio de Salud "no se detectó ninguna enfermedad vinculada con la presunta contaminación producida por la Mina Marlin", destacó.

Una misión de la CIDH visitará Guatemala en julio para analizar el impacto de la operación, por lo que el gobierno guatemalteco comprometió su cooperación.

Se tata de la mina de oro ubicada en el municipio de San Miguel Istahuacán, en el occidental departamento de San Marcos, a unos 250 kilómetros al oeste de esta capital, con operaciones desde octubre de 2005.

Desde su apertura, la mina generó una fuerte oposición por parte de los habitantes de la zona, grupos ecologistas y la iglesia católica, esta última encabezada por el obispo de San Marcos, Álvaro Ramazzini.

Un informe de la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE), de la diócesis de San Marcos, señala que la empresa canadiense pretende sacar unas 2,67 millones de onzas de oro de Marlin. "Con una producción anual de alrededor de 200.000 onzas de oro, los ingesos de la compañía son de un promedio de US$ 125 millones", señala el documento.

De acuerdo con la ley guatemalteca de Minería, de las ganancias, al Estado de Guatemala sólo le corresponde una regalía de un uno por ciento, a ser dividido en un 0,5 por ciento al municipio donde se realiza la explotación y un 0,5 por ciento al gobierno central.

Minera canadiense desoye orden de gobierno guatemalteco

Prensa Latina

25 de junio de 2010

Guatemala - La población aledaña a la mina guatemalteca Marlin pasó un día de fiesta por la decisión gubernamental de su cierre temporal, pero hoy quienes la administran aseguran que prosiguen normalmente las labores.

El ejecutivo presidido por Alvaro Colom acató una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la conveniencia de cesar las actividades de ese yacimiento de oro y plata en dos municipios del occidental municipio de San Marcos.

Esos son manejados por Montana Exploradora de Guatemala S.A., subsidiaria de la transnacional canadiense Goldcorp, la cual se beneficia con la mayor parte de las ganancias mientras las comunidades en sus alrededores sufren las consecuencias.

La CIDIH hizo el pedido al confirmarse los serios daños a los pobladores por los trabajos de explotación de la mina, a lo cual accedió el gobierno cuando ratificó su compromiso de velar por la salud humana y proteger el medio ambiente.

Expresó su determinación de reducir los niveles de contaminación y "promover inversiones social y ambientalmente responsables".

Además, explicó que el Estado guatemalteco decidió atender el llamado de la CIDH "para dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en el campo de los derechos humanos".

Sin embargo, Montana ripostó y mantiene la mina en producción, con el argumento de no querer arriesgar la ocupación de sus trabajadores.

Goldcorp reaccionó así ante un reclamo no sólo local y nacional sino también internacional, pues la resolución gubernamental la alabó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Como era de esperar, de acuerdo con analistas consultados, el empresariado tomó partido con la transnacional canadiense, con la justificación de las graves consecuencias de un cierre de la mina "para la inversión y la certeza jurídica en Guatemala".

Esos fueron los términos utilizados en un comunicado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras firmado por su presidente, Carlos Amador.

No obstante, los miembros de las comunidades en el entorno de los yacimientos siguen celebrando la determinación gubernamental y albergan la esperanza de una futura conclusión definitiva de la explotación minera.